Finjus: «Reducir la impunidad es uno de los retos de la justicia para el 2024»

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La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) realizó este domingo un balance de la situación del sistema de justicia en 2023, en el marco de los procesos de la institucionalización democrática, resaltando los logros alcanzados y los retos de cara al 2024.

En ese sentido, afirmó que uno de los retos para este 2024 en la aplicabilidad de la norma jurídica para impartir justicia, es lograr un sistema donde la impunidad se reduzca a niveles mínimos.

Otros de los retos para este año es la racionalización de la persecución penal, que debe conducir a la persecución estratégica de los crímenes, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido y priorizar soluciones no punitivas. Siendo esencial que se vele por una atención especializada a las víctimas, sin dejar de lado la garantía del debido proceso a los imputados.

Finjus destacó que el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tuvo un nuevo impulso a finales del 2020, con el anuncio del Poder Ejecutivo de su intención de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas y el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.

De igual forma, consideró que el sistema de justicia atraviesa por cambios sustanciales que buscan dar respuestas a los nuevos problemas generados por la criminalidad trasnacional y el aumento de la conflictividad social. Lo anterior implica crear mecanismos que aseguren la autonomía reforzada de los órganos hasta el logro de una persecución penal más estratégica.

Este proceso ha dado como resultado el avance en la implementación de las reformas legales y operativas que han permitido la virtualización de la justicia y el establecimiento de protocolos de seguridad, para desmontar las ineficiencias y aumentar el acceso a la justicia y una procuración de justicia ágil y coherente con los principios que la rigen.

Finjus resalta que uno de los desafíos para el sistema de justicia, este año, es que sus órganos aúnen esfuerzos en torno a la investigación y la persecución penal para dar continuidad a las transformaciones institucionales implicadas y cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación interinstitucional.

“La acción coordinada en todas las áreas que mandan las leyes debe estar guiada por el respeto debido a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la entrega de cada servicio por el que se responde a la ciudadanía”, señala un documento enviado a El Nuevo Diario.

El 2023 fue un año donde se pusieron en práctica relevantes normativas para el avance de la aplicación de la legislación dominicana. Por parte del Poder Judicial, como la implementación de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, evidenciando un progreso significativo en la actualización y el fortalecimiento de los marcos legales.

En cuanto a un aspecto que ha generado inquietud y debate como la aplicación de la privación de libertad de forma preventiva, como medida de coerción, Finjus señala que la cantidad de casos con esta medida debe ser tutelada. Para evitar la desnaturalización de la misma, es fundamental que se tome como punto de partida garantizar la presencia del imputado en el proceso y por ante la jurisdicción correspondiente.

En ese orden, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado, elemento que no puede desvirtuarse. La acción penal pública debe sujetarse al principio de intervención mínima, también conocido como de “último ratio”. A ello, por regla general, sólo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida.

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